En el caso defendido por ABOGADOS DISCIPLINARIO, la funcionaria afectada es la única Auxiliar Administrativo del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio (Madrid), y padece de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), por lo que es especialmente vulnerable al Covid-19.
La funcionaria había disfrutado de un período de vacaciones y tenía que reincorporarse al trabajo el pasado 16 de marzo. Como había sucedido ya en otras ocasiones, durante su ausencia las tareas administrativas las estaban asumiendo ordinariamente los agentes.
Pues bien, el día 13 de marzo, un día antes de la declaración de estado de alarma, la funcionaria pidió por escrito que se evaluara su situación por presentar mayor probabilidad de ingreso en la UCI y un mayor riesgo de mortalidad en caso de ser contagiada por el coronavirus. Sin embargo, el Concejal de Seguridad Ciudadana le comunicó que tenía que ir a trabajar.
Tras trabajar dos días (17 y 18 de marzo), en condiciones laborales lamentables (trabaja en un barracón en el que la falta de higiene y limpieza son patentes, dada la presencia de abundantes insectos y ratones), se le requirió a la funcionaria para que aportara un certificado médico a fin de concedérsele un permiso retribuido, certificado que presentó inmediatamente, dejando de acudir al trabajo desde ese momento. Ella ofreció la posibilidad de teletrabajar desde su casa, siempre que el Ayuntamiento la proporcionara los medios necesarios.
No fue sino hasta el 15 de abril cuando la Concejala de Personal dictó resolución ordenando su reincorporación por “baja probabilidad de exposición al virus”, ya que, según la Corporación, tras hacer la oportuna consulta al Servicio de Prevención, “en su puesto de trabajo está en una oficina ella sola aislada y no atiende presencialmente a ningún ciudadano, por lo que si se respeta la distancia de 2 metros tanto con los trabajadores como con los ciudadanos”. La funcionaria niega esa versión, aportando fotos de su puesto de trabajo que desmienten esas circunstancias.
Ante el elevado riesgo para su salud, al día siguiente la funcionaria impugnó la decisión de la Concejala y pidió al Juzgado que paralizara su incorporación mediante la petición de medidas cautelarísimas. Al día siguiente -17 de abril-, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid dictó Auto por el que se concedió la medida, que se fundamenta en que “es evidente que concurre la urgencia por la inminente reincorporación al puesto de trabajo y los consiguientes perjuicios que se pueden causar teniendo en cuenta la situación médica de la actora como trabajador especialmente sensible”. Dicha medida cautelar ha sido mantenida por otro Auto posterior, fechado el 30 de abril, pues el Ayuntamiento demandado ha declinado hacer alegaciones.
En los próximos meses se tendrá que celebrar un juicio en el que se revisará si la decisión de reincorporación al puesto de trabajo fue conforme a Derecho, si bien ya ha quedado constatada la situación médica de la funcionaria como trabajadora especialmente sensible al Covid-19.
Consulte los dos Autos del Juzgado: AUTOS JUZGADO 27
Ignacio Ucelay Urech. Abogado.